La agitada semana del canon digital se ha saldado con dos éxitos para la SGAE, la más importante y conocida de gestión de derechos. una parte, el Congreso tumbó la enmienda del Senado que pretendía acabar con el canon por copia privada y, además, el Ministerio de Cultura se impuso al de Industria en la pugna que mantenían por la tabla de productos que serán gravados desde enero con ese canon. Sin embargo, el precio que pagar ha sido alto.

La imagen de la sociedad sale malparada del debate del canon. La movilización de rostros conocidos del mundo artístico a favor de esta tasa con la que la sociedad de gestión respondió al anuncio del PP de que apoyaría su supresión, muchos de ellos con declaraciones subidas de tono, así como la amenaza explícita a los diputados -"tomaremos nota" del qué voto quién, lanzó la SGAE- vinieron a soliviantar al creciente número de usuarios que consideran injusto este canon aplicado indiscriminadamente a toda clase de aparatos electrónicos, al margen de que su finalidad específica sea el soporte de contenidos.

Canon abocado a cambiar.

La plataforma Todos contra el canon,que ha logrado recabar millón y medio de firmas, lo describía el viernes en rueda de prensa: "La votación de ayer (por el jueves) es el principio del fin del canon". Quizá el juicio de Víctor Domingo, portavoz de la Asociación de Internautas - una de las muchas organizaciones integradas en este colectivo-, parezca optimista, pero no parece ir desencaminado por lo visto y oído estos días entre los grupos políticos. Lo que era un sordo murmullo se ha convertido casi en un nuevo consenso: tanto las formaciones políticas que están a favor del canon como las que están contra él apuntan, en distinto grado, la necesidad de un nuevo modelo de recaudación y gestión de los derechos de autor.

En la tribuna de oradores nadie, ni siquiera el PSOE, principal defensor el jueves de este canon, tuvo palabras de encomio para la SGAE. IU, cuyo voto a favor del canon ha enojado a sus simpatizantes, abogó por crear una agencia estatal que gestione estos derechos. Desde CiU, que también apoya el canon digital, se criticaba duramente a la sociedad de gestión por su falta de transparencia y por su pobre política de comunicación y, con ella, al Ministerio de Cultura, teórico auditor de estas entidades. Anunciaba CiU que en la próxima legislatura los someterá a un marcaje pegajoso: que expliquen, sobre todo, cómo pagan, pues uno de los secretos mejor guardados de la sociedad es su técnica de muestreo.

Contra la SGAE.

Lo cierto es que, por un motivo u otro, la entidad que preside Teddy Bautista ha sabido granjearse una colección de enemigos cada vez más nutrida. En ello tiene mucho que ver el imparable crecimiento de la sociedad, de su recaudación y patrimonio, unos ingresos que, al no tener ánimo de lucro, deben destinarse a formación (20%) y a compensar a los autores (80%). Pero el dinero es tanto, que repartir entre creadores no es bastante para todo lo que se recauda, así que la SGAE se ha lanzado a iniciativas de inversión de otro tipo, como escuelas y centros de formación artística, la creación de la Fundación Autor o la adquisición de inmuebles.
En la última liquidación semestral (junio de 2007), ingresó 135 millones, un 49% más que el año anterior.

Debate de conceptos.

La existencia del canon por copia privada, que tiene más de 20 años, no es una medida antipiratería, sino el pago por el derecho a realizar una copia de uso personal de la música que el usuario ya ha pagado. Mientras los autores representados en las sociedades de gestión anuncian que la supresión de este canon supondría la desaparición de la creación y un retroceso en los derechos de los artistas, los detractores exigen que, si uno paga por ese derecho a copia privada hasta tres veces (la grabadora, el soporte físico y la adquisición de la música), a los discos originales debería retirárseles la protección anticopia.

Fuente: Opinión de Pedro Vallín de La Vanguardia. Publicado en LaCoctelera.com