La salida de tiesto de la parlamentaria popular Beatriz Rodríguez Salmones, que el martes atribuyó a «una equivocación» el apoyo del PP en el Senado a una enmienda para obligar al Gobierno a eliminar en un año el canon digital, ha generado una controversia gratuita y negativa para el primer partido de la oposición. Rajoy se vio obligado a anclar -más que fijar- posición y a comprometerse a eliminar este sobregravamen si gana el 9 de marzo, lo que supone una desautorización en toda regla a su portavoz de Cultura en el Congreso.

Más allá de que este amago de transfuguismo ideológico haya sido premeditado o fruto de un empecinado error, el PP siempre se ha manifestado en contra de un impuesto con el que el Gobierno ha gravado todos los equipos, soportes y aparatos de grabación y almacenaje de audio y vídeo, en razón de un derecho a la propiedad intelectual mal entendido.

El canon digital es -como ha subrayado Rajoy- un impuesto injusto, desproporcionado, indiscriminado, arbitrario, moralmente discutible y puede que contraproducente para una industria obligada a competir con los mercados tecnológicos de Asia y EEUU. No es de extrañar que su legalidad haya sido cuestionada ante la Comisión Europea.

Con el canon digital, Zapatero ha cedido a la presión de la Sociedad General de Autores -y a sus interesados actores, cantores y figurantes-, como una suerte de compensación por la realización de copias privadas.Es un impuesto preventivo que ha convertido en sospechosos de piratería a todos los ciudadanos, sin distinguir además entre copias individuales y comerciales.

En la práctica, ha supuesto aplicar un sobreprecio a las tecnologías -altamente fiscalizadas en su origen- y gravar por su rendimiento los mismos productos por cuya compra ya se ha tributado previamente. ¿Qué sentido tiene un CD virgen si no es para almacenar algo? ¿No pagan ya los ciudadanos por lo que captan a través de la telefonía móvil? Lo lógico sería, además de perseguir la piratería industrial, tasar las obras repercutiendo sobre las películas o canciones originales la cesión del derecho a reproducirlas.

Los autores no pueden pretender cobrar más en razón de una sospecha de culpa generalizada que por la calidad de sus obras. Y el Gobierno no puede tratar de derivar a los ciudadanos su incapacidad para proteger con racionalidad los derechos de autor.

Fuente: Asociación de Internautas