sábado, 5 de enero de 2008

El Gobierno consolida la ‘patada en la puerta digital’ en la nueva Ley de Sociedad de la Información

De la Vega afirma que el Ejecutivo siempre estará sujeto al control de legalidad

Ha pasado desapercibido, pero resulta enormemente trascendente. La nueva Ley de la Sociedad de la Información no sólo establece el canon digital, impuesto para los amiguetes de la SGAE. También establece la “patada en la puerta digital”, es decir, la posibilidad de clausurar páginas web sin permiso previo de la autoridad judicial, sino por autorización de entes administrativos, en donde podría estar hasta la misma SGAE. Un ayuntamiento, una consejería, un ministerio podría cerrar una web. De esta manera regresaríamos peligrosamente a la época de la censura.

De la Vega responde que “cualquier decisión de la Administración está sujeta siempre a control de legalidad por parte del Poder Judicial”.

- Ya, pero a posteriori, replicamos

- Siempre. A posteriori y a no posteriori. Cualquier actuación de la Administración puede ser siempre recurrible. La Ley ya establece unos mecanismos y, evidentemente, siempre hay control de legalidad judicial. Por tanto, no es ninguna novedad. Forma parte de nuestro sistema jurídico y de un Estado de Derecho.

No es verdad. Nuestro sistema jurídico establece un sistema de garantías judiciales previas. Es la manera de garantizar el equilibrio de poderes. No basta con que el Gobierno esté sometido al control de legalidad. ¡Faltaría más! Pero el sistema de garantías establece que en los casos de restricción de derechos sea un juez y no la administración quien deba de dictaminar si ese gesto es o no desproporcionado. Por eso la patada en la puerta de Corchera fue rechazada. Sin embargo, la Ley ha aprobado la patada en la puerta digital, posibilitando que sea la administración quien cierre una web. Con ello se pone en grave riesgo la viabilidad del medio digital, la viabilidad empresarial, las nóminas de sus trabajadores y sobre todo, el derecho de los ciudadanos a una información plural. Demasiados elementos sustanciales como para requerir una actuación judicial a priori.

Desde las órbitas gubernamentales se defiende la medida para actuar de manera más eficaz contra las web del entramado basatuno o contra las redes de la pederastia. No es excusa. Lo que hace falta es que la administración de Justicia funcione de manera eficiente en estos casos. Y sobre todo, evitar los abusos de poder. Y en el caso de los periodistas, la tentación del poder de acallar a los periodistas, resulta universal. Basta hacer un repaso de lo que ocurre en el mundo.

Por eso además de compartir los objetivos de la plataforma de “Todos contra el canon”, Hispanidad se posiciona clara y rotundamente contra una ‘patada en la puerta digital’ que pone en riesgo la libertad de expresión y el sistema de libertades y garantías.

Fuente: Hispanidad.com


boys

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De la Vega afirma que el Ejecutivo siempre estará sujeto al control de legalidad

Ha pasado desapercibido, pero resulta enormemente trascendente. La nueva Ley de la Sociedad de la Información no sólo establece el canon digital, impuesto para los amiguetes de la SGAE. También establece la “patada en la puerta digital”, es decir, la posibilidad de clausurar páginas web sin permiso previo de la autoridad judicial, sino por autorización de entes administrativos, en donde podría estar hasta la misma SGAE. Un ayuntamiento, una consejería, un ministerio podría cerrar una web. De esta manera regresaríamos peligrosamente a la época de la censura.

De la Vega responde que “cualquier decisión de la Administración está sujeta siempre a control de legalidad por parte del Poder Judicial”.

- Ya, pero a posteriori, replicamos

- Siempre. A posteriori y a no posteriori. Cualquier actuación de la Administración puede ser siempre recurrible. La Ley ya establece unos mecanismos y, evidentemente, siempre hay control de legalidad judicial. Por tanto, no es ninguna novedad. Forma parte de nuestro sistema jurídico y de un Estado de Derecho.

No es verdad. Nuestro sistema jurídico establece un sistema de garantías judiciales previas. Es la manera de garantizar el equilibrio de poderes. No basta con que el Gobierno esté sometido al control de legalidad. ¡Faltaría más! Pero el sistema de garantías establece que en los casos de restricción de derechos sea un juez y no la administración quien deba de dictaminar si ese gesto es o no desproporcionado. Por eso la patada en la puerta de Corchera fue rechazada. Sin embargo, la Ley ha aprobado la patada en la puerta digital, posibilitando que sea la administración quien cierre una web. Con ello se pone en grave riesgo la viabilidad del medio digital, la viabilidad empresarial, las nóminas de sus trabajadores y sobre todo, el derecho de los ciudadanos a una información plural. Demasiados elementos sustanciales como para requerir una actuación judicial a priori.

Desde las órbitas gubernamentales se defiende la medida para actuar de manera más eficaz contra las web del entramado basatuno o contra las redes de la pederastia. No es excusa. Lo que hace falta es que la administración de Justicia funcione de manera eficiente en estos casos. Y sobre todo, evitar los abusos de poder. Y en el caso de los periodistas, la tentación del poder de acallar a los periodistas, resulta universal. Basta hacer un repaso de lo que ocurre en el mundo.

Por eso además de compartir los objetivos de la plataforma de “Todos contra el canon”, Hispanidad se posiciona clara y rotundamente contra una ‘patada en la puerta digital’ que pone en riesgo la libertad de expresión y el sistema de libertades y garantías.

Fuente: Hispanidad.com


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